Los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia formalizaron un nuevo instructivo que profundiza el principio de proporcionalidad en la evaluación de proyectos de inversión pública dentro del Sistema Nacional de Inversiones (SNI). La medida permitirá diferenciar el nivel de análisis según la complejidad de cada iniciativa, evitando que obras menores enfrenten los mismos requisitos que proyectos de gran escala. Esto logrará mejores condiciones para acelerar la inversión pública.
El instructivo, al alero de la publicación de las Normas, Instrucciones y Procedimientos 2025, establece un análisis simplificado para proyectos de menor envergadura. Se trata de iniciativas que mejoran la infraestructura existente en el país, además de nuevas obras de baja complejidad, como la construcción de veredas, ciclovías, plazas, sedes comunitarias, luminarias y semáforos, que, pese a su menor escala, tienen un alto impacto en la calidad de vida de las personas. En el caso de las obras nuevas, la simplificación en el análisis se restringe solo a proyectos que no contemplan especialidades técnicas complejas, pues requieren ser analizadas en detalle.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “desde el año pasado hemos estado introduciendo el principio de proporcionalidad, lo que facilita que proyectos de pequeña escala puedan realizarse. Esto no significa eximirse de la evaluación, pero significa que se tenga en cuenta que existen proyectos de distinta complejidad y que son fundamentales para las comunidades: reparaciones en escuelas, multicanchas, pavimentaciones, semáforos, entre otros proyectos que van a poder acogerse a este mecanismo que finalmente es más sencillo. El Presidente nos ha pedido poder acelerar la inversión pública y una de las medidas que estamos tomando para ello es esta modificación de las normas donde garantizamos también mayor eficiencia".
Mientras, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, señaló que “esta administración ha implementado medidas clave como la definición de plazos, la incorporación de nuevos criterios para evaluar el impacto social de los proyectos y ahora ajustamos los criterios de evaluación a la complejidad de cada proyecto. Este es un viejo anhelo sobre el Sistema, que va a beneficiar aproximadamente a un 20% de los proyectos que son postulados al Sistema Nacional de Inversiones. Esto, sumado a la exención de la evaluación de los proyectos menores a 5.000 UTM, implica que habrá mejores condiciones para acelerar un tercio de las obras públicas postuladas”.
En tanto el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz explicó que “estas nuevas modificaciones son un claro ejemplo que nuestra cartera no traba la pelota, como muchas veces se mencionaba en relación a la aprobación técnica de los proyectos, aquí estamos viendo mejoras sustanciales al SNI y demostramos con acciones concretas la voluntad por potenciar la inversión pública”, clarificó.
El secretario regional ministerial además agregó que “nuestra región este año superó los 2 billones de inversión pública aprobadas, un 98% de los proyectos que ingresan a Desarrollo Social tienen Resolución Satisfactoria (RS) y somos los únicos en el ciclo de la inversión pública que tenemos plazos para responder, por lo que día a día seguiremos trabajando por agilizar e incentivar la inversión pública del Biobío”, enfatizó la autoridad.
Por ejemplo, si un municipio presenta un proyecto para habilitar accesos universales en espacios públicos, mejorar instalaciones deportivas en barrios o instalar sistemas de iluminación más eficientes en plazas y parques, podrá acceder a un proceso de evaluación más ágil en comparación con el que siguen iniciativas de infraestructura mayor, como una carretera de alto estándar.
Esta modernización del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), coadministrado por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, se suma a la introducción del principio de proporcionalidad que se hiciera en 2024 con la exención de evaluación ex ante de los proyectos cuyo costo de ejecución no superara las 5.000 UTM. Con esta y otras medidas, el Gobierno busca optimizar el uso de los recursos públicos, priorizando aquellas iniciativas que benefician directamente a las comunidades y responden a las necesidades urgentes en los territorios.
La nueva medida está vigente desde el 27 de enero de 2025. Para su correcta implementación, se realizarán capacitaciones dirigidas a los equipos técnicos encargados de la evaluación de proyectos, con el objetivo de asegurar una aplicación eficiente y homogénea en todo el país.
